Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, boolean given in /htdocs/public/www/config/ecran_securite.php on line 283 Géminis Papeles de Salud - El sistema sanitario es sostenible: Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año. El fraude total, de cerca de 60.000 millones de €, es similar al gasto sanitario publico total

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Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad Pública de Madrid, 9 agosto 2011

El sistema sanitario es sostenible: Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año. El fraude total, de cerca de 60.000 millones de €, es similar al gasto sanitario publico total

Con buen criterio, entendemos, la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (casmadrid.org) se vale del informe ’Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria’, que los técnicos del ministerio de Hacienda español (Gestha) acaban de hacer público, para defender la sostenibilidad del sistema público de salud; razones no faltan, cuando los promotores de la privatización (PP y CiU, en Madrid, Valencia y Catalunya [1] sobre todo; P(SO)E, más allá de demagógicas declaraciones, tan corresponsable como aquéllos) arrecian su campaña pro-privatización acelerada de servicios públicos tan esenciales como sanidad, educación, ...

El sistema sanitario es sostenible: Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año. El fraude total, de cerca de 60.000 millones de €, es similar al gasto sanitario publico total

(imagen: Foro Grandes Empresas, Ministerio de Economía y Hacienda. Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid)

- Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según el informe de ’Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria’ elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) [2].

En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

"La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.

En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

Casi cinco puntos menos que las microempresas

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.

Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.

"Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.

- COORDINADORA ANTI-PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID

(Madrid) Sanidad y Educación Públicas

Subido por internacionalistasTV el 20/05/2011

El copago; caso práctico

Subido por MadridCas el 03/05/2011. Las consecuencias del copago sanitario

Falla el Sistema

Subido por MadridCas el 03/05/2011

Ataques especulativos y fraude fiscal masivo que supera los 245.000 millones de euros

javier caso iglesias, wikio, 03/08/2011

Mientras cada día más y más ciudadanos emplazan al Gobierno a exigir que el Banco Central Europeo compre las deudas soberanas al mismo interés que presta a los bancos (1,5%), para acabar de esta manera con los ataques especulativos que lastran la salida de la crisis y perjudican a los ciudadanos; en el III Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se dice que existe un "fraude fiscal masivo y estructural" por parte de pymes y autónomos.

La teoría expresada por el Gestha nos habla da una ocultación deliberada y generalizada de las ventas para obtener beneficios sin control tributario además de la anotación de gastos personales como profesionales.

Informan los Técnicos del Ministerio de Hacienda que evitar el IVA y falsear la partida de gasto se han convertido en prácticas habituales en algunos sectores especialmente golpeados por la crisis.

Sin embargo, para los técnicos de Hacienda, aunque estas cifras revelan un fraude fiscal masivo entre los autónomos, no debe olvidarse que estos apenas representan el 8,6% del total del fraude fiscal en nuestro país al ser titulares generalmente de pequeños negocios.

Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en "lo más fácil" como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar "lo más difícil", como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables del 91,4% de la evasión fiscal en nuestro país.

Gestha aboga por aumentar la responsabilidad de los Técnicos con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, que actualmente supera los 245.000 millones anuales, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar.

(12 de agosto de 2011)

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Notas

[1Catalunya: Repensando la lucha por la sanidad que queremos

cas madrid 10 agosto 2011

Se pretende reflexionar sobre lo acontecido en los últimos meses en las movilizaciones contra los recortes impuestos por el Departament de Salut. Pensar sobre lo que hacemos es fundamental para no hacer las cosas por inercia y sin objetivos claros. Hay que saber que nosotros somos los que hacemos la Historia.

La información sobre el tema es enorme, resultado de todo lo que se está moviendo. Por tanto, las valoraciones parten de algunas limitaciones que se verán superadas en la comunicación colectiva. No somos periodistas, simplemente analizamos algunos retazos de lo que vemos y hacemos para avanzar en nuestros objetivos.

* Y ya van 7 meses …

Desde la entrada de CIU en el Govern y hasta la fecha se han hecho muchas cosas. Desde acciones de repulsa públicos, cortes de tráfico, ocupaciones de ABS y CAPs, resistencia al cierre de plantas de hospitales, manifestaciones en muchísimos pueblos y ciudades y muchas más cosas. Sin embargo, el ejecutivo sigue en sus trece y los recortes se van implantando. Y como sabemos todos, la atención sanitaria se irá deteriorando en pro del circuito privado. Ya hemos visto que algunas mutuas ya están promocionando sus ‘gangas’ delante de los hospitales. Todo auspiciado por un Govern rendido a los intereses del Capital. Y es que cada cargo que se ha nombrado ha sido un paso más en esta dirección (Jaume Tort, jefe del gabinete del conseller; Joaquim Casanovas, director de l’ICS o Josep Mª Padrosa, director del CatSalut, son algunos ejemplos).

Creación de redes de comunicación directa

Durante estos intensos meses, ha surgido el llamado movimiento 15M, una masa heterogénea de individuos que comparten un sentimiento de indignación frente al mantenimiento de los beneficios de empresarios y políticos en una época de recortes sociales generales y la mínima capacidad de participación directa en los procesos de decisión políticos. La sanidad, siendo un pilar fundamental del Estado del Bienestar, se ha visto golpeada de forma violenta por los recortes. La movilización ha sido amplia y se han creado comunicaciones hasta entonces inéditas. Contactos entre centros médicos para organizar protestas y reivindicar condiciones laborales, creación de comisiones sanitarias en las acampadas de ciudades y barrios con participación de usuarios y trabajadores, relación directa con asociaciones de vecinos y participación común en las movilizaciones, entre otras.

No considero comunicación directa la comunicación con partidos políticos o representaciones sindicales porque son mediadores de las relaciones entre la gente y el poder político o entre los trabajadores y las empresas. Por tanto mediatizan la comunicación directa y por tanto tienen el germen de la corrupción de la comunicación por intereses partidistas. Eso no quiere decir que no haya gente honesta en los sindicatos y a veces muy coherentes y luchadores, pero una cosa es el individuo sindicado y otra el cargo que ocupa y la función que realiza como parte de su estructura. En el caso de los políticos, todavía más, pues están más encorsetados a discursos ideologizados y en la relación con ellos siempre planea de fondo la sombra de la búsqueda de votos.

* Sobre las acciones

Cortes de tráfico. Se han hecho durante muchas semanas seguidas. Dependían en gran medida de sindicatos. Cuando han restado su apoyo han ido perdiendo fuerza hasta casi desaparecer. En Bellvitge la relación con la acampada y con vecinos comprometidos, algunos de AAVV, han conseguido mantener una buena afluencia de gente a los cortes e impedir que la policía cumpliese su amenaza de impedirlas en caso que hubiese poca gente.

Sin embargo, generan desgaste si no se plantean objetivos concretos o se hacen en escalada en un corto periodo de tiempo. Las autoridades las asumieron sin excesivos problemas porque duraban poco y estaban fechadas. La espontaneidad y la informalidad son nuestras armas. Si bien las primeras semanas los mass-media informaron de los cortes, conforme pasaban las semanas y se mantenían más allá de lo previsible desaparecieron del noticiario, sea porque no eran de ‘interés periodístico’ o porque convenía ocultarlas por motivos estratégicos.

Ocupaciones de CAPs y acampadas. No somos ni intentamos ser periodistas, por lo que nos es imposible abarcar el desarrollo de cada ocupación o acampada. Hablaremos pues de lo que hemos visto y oído, con sus limitaciones, y de lo que podemos extraer para nuestros propósitos.

En la Colonia Güell (que sepamos, la primera ocupación de un CAP), negociaron con Generalitat y consiguieron mantener 3 días el ambulatorio abierto. En el barrio de Sanfeliu de l’Hospitalet, pese a que varios representantes de partidos de la oposición aparecieron, no se consiguió el objetivo y se retiró la ocupación por agotamiento. En Badia destaca el hecho de haber sido capaces de generar su propia versión de los hechos con comunicados y seguimiento bastante mantenido en portales como Kaosenlared. Parece que hubo buena difusión por parte de la asamblea de Badia. Sin embargo se hecha en falta información pública autónoma respecto al cese de la ocupación. Los motivos pueden ser útiles para afrontar nuevas acciones en otros lugares y no dejar desvanecer las expectativas creadas. Otras ocupaciones de CAPs de más o menos tiempo se han llevado a cabo en Viladecavalls, Sabadell, Blanes Olesa de Montserrat o Molins de Rei. No conocemos sus desarrollos.

En el Hospital de la Esperanza, trabajadores junto con gentes de distintos colectivos, llevaron a cabo acciones mantenidas para intentar evitar el cierre de las urgencias nocturnas, motivando que la gerente del consorcio tuviese que dar la cara y generando un conflicto que aunase a trabajadores con usuarios. No se consiguió el objetivo de mantener las urgencias nocturnas.

La acampada del Hospital Dos de Maig en respuesta al cierre total del centro se desarrolló muy rápido por la forma en que se anunció. Tras varios días de movilizaciones, que hoy día todavía siguen, se establecen contactos con el Departament. Se hizo un planteamiento sindical de autogestión del centro, y parece que lo apoyan empresa y Generalitat. Habrá que ver si se concreta y cómo se hace.

Resumiendo. Básicamente la movilización en ellos ha sido por parte de los usuarios (aquí caben asociaciones de vecinos, asociaciones en defensa de servicios públicos, indignados, etc) que veían perdido un servicio ya establecido. Por ello, puede haber una progresiva politización partidista de estas acciones. Porque el ciudadano consumidor de servicios es considerado un votante concienciado. Y es que, al menos en lo que se ha mostrado en los medios, se ha confiado en los mecanismos institucionales para resolver la situación (partidos de oposición, alcaldes, consells de salut, sindic de greuges). Aun sabiendo que estos mecanismos dilatan en el tiempo las posibles soluciones y encuadran al movimiento de protesta detrás de unos representantes. Rápidamente los partidos enviaron a sus cachorros de las juventudes y a concejales para ‘dar apoyo’ con su presencia y su palabrería y promesas. Desde la izquierda (PSC, IC) hasta la derecha (PP, PxC). Por otro lado, los medios han seguido y publicitado las ocupaciones con bastante detenimiento.

Continúa:

Protestas en actos públicos de responsables. Donde se han dado, han sido un puñetazo en la cara de los responsables. No han sido necesariamente violentos ni mucho menos, pese a que los medios se han encargado de demonizar u ocultar este tipo de acción cuando ha convenido.

Manifestaciones. Se han hecho muchas y con gran afluencia de gente. En general, han sido una demostración pacífica de la demanda y los medios las han cubierto adecuadamente. Han sido respetadas verbalmente por los responsables, pero ignoradas continuamente.

Cuando se han hecho con un carácter más espontáneo y menos formal, y en consonancia con indignados apoyando las reivindicaciones de los trabajadores del Consorci Parc Mar de Salut, como el 22J en Barcelona, el resultado final ha sido la intervención policial desmesurada y una represión a la que habrá que responder como colectivo si queremos avanzar. Después, los sindicatos del Comité de Empresa, criticaron la intervención policial, pero acabaron pactando las condiciones del primer ERE en un hospital público.

* Análisis de nuestras limitaciones

Con objeto de seguir avanzando y profundizando en los problemas que nos han conducido hasta este punto aportaré algunas reflexiones que espero generen otras perspectivas para avanzar en las acciones en lo sucesivo. Y es que esto no ha acabado aquí, los meses y posiblemente años que vienen serán intensos. Hay que saberlo y medirse con el tiempo.

Sobre los medios de comunicación. Si los tomamos como aliados, se acaban haciendo protestas simbólicas en lugar de efectivas, y midiendo las acciones en base a su digestión mediática. Se miran las consecuencias de nuestras acciones en base a lo que salen en los medios. Y sólo aparecen cuando las protestas se encuadran dentro de un marco establecido. Considerarlos compañeros de viaje tiene sus riesgos porque dependen económica y políticamente de los que combatimos.

Dejar que los políticos se acerquen a nosotros. Se pierde la acción directa para ser mediada a través de los mecanismos desactivadores de protestas a nivel institucional. Toca esperar relación de fuerzas que convenga a la protesta. Toca meter la demanda en una relación política con demandas de otro tipo (por ejemplo demanda de comerciantes, farmacéuticos, transporte o cualquier otro tema) que pueden interferir o ser preferentes o tener más interés mediático y por tanto de voto.

- No hace mucho, BOI RUIZ (Consejero de Salud de Catalunya) hizo un llamamiento a los partidos para que le ‘ayudasen’ a explicar la necesidad de las medidas y ellos se han ofrecido para pactar y hacer más digeribles los recortes. Marina Geli, que ha tenido su participación en la privatización progresiva del sistema sanitario catalán, ya se ofreció abiertamente para acordar puntos, y de paso ganarse algún voto.

Papel de los sindicatos. Partiendo de que hay que colaborar con el Govern en la crisis y minimizar el efecto en los trabajadores pactan mayoritariamente unas condiciones constantemente en descenso. Colaboran con los recortes de forma pasiva. No obstante, a veces, pueden aportar sus estructuras y su conocimiento acumulado del sector para negarse a colaborar en las medidas del Govern. No es necesario apoyarnos en sus discursos, que como se puede leer en el manifiesto de CCOO al final de la manifestación de Igualada es tan humanista y victimista como colaboracionista. Se plantea necesario estructurar asambleas de trabajadores en los centros de trabajo para no estar siempre mediados por sindicatos (o convertirlos en una herramienta útil de lucha al servicio de los trabajadores) y poder combatir de maneras más autónomas las medidas estatales (o autonómicas) y empresariales. El trabajo de la Asamblea de Trabajadores Indignados parece ir en ese camino.

Coordinación. Se están haciendo muchas cosas en muchos sitios. Los centros de decisión son múltiples, desde acampadas, comités de empresa, AAVV, asociaciones varias o sindicatos. La información es difícil de abarcar. El análisis no es frecuente y ello puede estancar la lucha en el tiempo. Echamos de menos, sobre todo en acciones como la ocupación de CAPs, haber organizado la información hacia el exterior. Eso lo ha hecho la prensa y así se está a merced de sus intereses, compartidos con los que dirigen las políticas.

Simplificar el discurso ¿a dónde nos conduce? En estos meses hemos escuchado con frecuencia que se debía simplificar el discurso para que la gente lo pudiese digerir. Pensamos que esto conlleva una pérdida de capacidad crítica, de contexto histórico y de apreciar las relaciones de dominación de clase que no puede ser una elección. Nuestro interés es que la gente se implique en las decisiones que atañen a su vida. Reducir el discurso a publicidad implica que se tomen las acciones como objetos de consumo.

Sobre los medios tecnológicos. Si bien contribuyen a conectar a gente de diversos lugares y aumentar la circulación de la información (de lo cual hacemos uso), existe el riesgo de virtualizar las protestas dando la sensación de que hay más de lo que realmente hay. Un ejemplo es la protesta contra la firma del ERE del Consorci Parc Mar ante la Conselleria de Treball, donde pocos aparecieron después de una convocatoria que circuló por muchos sitios. Son necesarios espacios comunes físicos de relación. Las asambleas son el modo y hay que hacerlas operativas.

Plantear alternativas. En una sociedad dividida clarísimamente entre dirigentes y dirigidos el hecho de ofrecer alternativas es llevar a cabo un papel de dirigismo que, o bien beneficia a otros intereses políticos o bien contribuye a ocultar una separación que vivimos continuamente en nuestras vidas. Si quieren alternativas de gestión, que las busquen. Lo contrario es gestionar nuestras propias condiciones de miseria. Otra cosa es desarrollar modelos anticapitalistas de salud que impliquen un cambio absoluto del panorama social. Aunque no lo conocemos en extenso, quizás un posible ejemplo es el que se lleva a cabo en la Cooperativa Integral Catalana. Otros ni los imaginamos ahora.

* Llegará el otoño …

El gobierno ha empezado a inquietarse. Por eso se ha enviado desde la Conselleria de Interior un documento para coordinadores de centros de salud con consejos para actuar ante protestas contra los recortes. Por eso su propaganda se centra en culpar a todos los que protestan porque ‘no hay que alarmar indebidamente’. Por eso se empeñan en separar trabajadores de usuarios. Por eso Boi Ruiz pide ayuda a los partidos parlamentarios, para hacer un frente común (de fuerzas políticas) y encuadrar a la masa de indignados atrayéndola a posibles variaciones del mismo discurso.

Pero nosotros, para septiembre, debemos estar preparados para la continuación de las medidas impuestas. ¿quién se cree que abrirán todos los servicios y centros cerrados? En cada lugar hay que recoger la información y contrastarla con lo que prometieron antes. Ellos siempre han jugado con la falta de memoria inducida por la excesiva masa de información recibida a través de los infinitos medios de información de que disponen.

- Varias movilizaciones colectivas se preparan para septiembre. El 2 de septiembre la PLATAFORMA DE USUARIOS Y HOSPITALES DE CATALUNYA (PUHC) convoca a una manifestación de protesta que desde varios puntos se dirija hacia el CatSalut. El 18 de septiembre se convoca una manifestación estatal contra los recortes en el ámbito público en general. El 14 de septiembre hay convocada una reunión preparatoria de la III reunión de la Asamblea de Trabajadores indignados. Es posible que una huelga general o jornadas de lucha se vayan fraguando. Pero sobre todo es vital el día a día en los centros de trabajo, donde se visualizan los problemas continuamente. Hay que saber recogerlos y transmitirlos. Usuarios y trabajadores deben ser cómplices en esta tarea.

Finalmente, queremos hacer notar que los responsables siguen ahí. Y pensamos que deben ser señalados en cada ocasión que tengamos, aunque sea estando de vacaciones en la playa ... Y sus intereses estudiados debidamente para generar el conocimiento preciso del funcionamiento de relación entre el ámbito público y el privado. La reproducción del funcionamiento de este sistema tiene unos pasos más o menos claros en los que los gestores que ocupan cargos públicos son formados por organismos privados de claro corte neoliberal y que reproducen esa ideología en cada cargo que ocupan. Sin embargo, nuestra crítica, aunque se centra en los recortes de CIU y su modelo de gestión, pretende señalar también el carácter separado de la política y su gestión al margen de la gente, venga de donde venga. A algunos ya no nos vale sólo con cambios de color del partido que gobierna.

[2Para hacernos una idea de la credibilidad y buen hacer de los técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), he aquí la advertencia que hicieron, en marzo de 2007, sobre los riesgos (financieros y macroeconómicos, desaceleración, ...) que podrían derivarse del previsible pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la cultura del ladrillo imperante en esas fechas, proponiendo una serie de medidas concretas que, como se ha visto y comprobado, más que caer en saco roto demostraron la inexistencia de saco alguno:

Gestha, 26/03/2007

La participación cruzada entre bancos e inmobiliarias y las OPVs, riesgos de la desaceleración

Gestha advierte de los "riesgos" financieros y macroeconómicos derivados del ’boom’ inmobiliario

El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) alertó hoy de los "riesgos macroeconómicos y financieros" derivados de las tensiones existentes en el mercado inmobiliario español, caracterizado por los sobreprecios de la vivienda, la estimulación de una
demanda ficticia, el endeudamiento histórico de los hogares y el aumento del riesgo crediticio con la excesiva ampliación de los plazos de los préstamos hipotecarios, superiores a los treinta años en algunos casos.

Además, Gestha señaló que el incremento de la participación cruzada entre los sectores inmobiliario y bancario, así como la salida a Bolsa de las grandes empresas inmobiliarias ha supuesto una "acumulación de riesgos" para el sistema financiero español vinculado a este tipo de operaciones. En los últimos años las inmobiliarias han protagonizado revalorizaciones por encima del 300%.

Los Técnicos de Hacienda aconsejan prudencia ante la "afluencia" de Ofertas Públicas de Venta (OPVs) en un momento en el que algunos analistas pronostican un posible "pinchazo" de la burbuja
inmobiliaria, aunque entienden que se trata de una vía de financiación y de encarar un futuro incierto, marcado por nuevas subidas de tipos -desde el 3,5% hasta el 4,25% estimado para este año-, la moderación del precio de la vivienda (+9,1%) y el anunciado próximo final del ciclo alcista del sector constructor.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda avisan que los altos precios de los inmuebles han provocado una caída progresiva de la inversión extranjera en la adquisición de inmuebles en España, pasando de 7.072 millones de euros en 2003 a 6.650 millones en 2004; 5.538 millones en 2005, y 4.929 millones de euros en 2006, según datos del Banco de España.

Este colectivo advierte que la "boyante" actividad que ha protagonizado el sector constructor español, alentada por los bajos tipos de interés y una fiscalidad que se trasladaba a los promotores vía precios, ha generado "riesgos financieros" que es necesario corregir con una "política fiscal más
ajustada
" e "iniciativas legislativas" que moderen las presiones sobre la demanda interna, ralenticen la escalada de precios y favorezcan el mercado de alquiler.

La vivienda: ¿un bien recaudatorio o un derecho constitucional?

Los Técnicos de Hacienda denuncian que en los últimos diez años se han promovido determinadas políticas fiscales que han favorecido en exceso el desarrollo del sector constructor, obviando el principio recogido en la Constitución de facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna. Este fin de semana, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron ’Por una vivienda digna’ en distintas ciudades españolas para exigir medidas que les permitan acceder a una vivienda y protestar por los altos precios.

En la actualidad, alrededor del 14% del PIB español tiene su origen en la construcción pero, según los Técnicos, esta riqueza no tiene su respuesta inmediata en la sociedad ya que el 61% de las familias no puede afrontar la compra de su vivienda. Además, la subida de tipos de interés mermará
todavía más a lo largo de 2007 el poder adquisitivo de las familias españolas, cuya capacidad de endeudamiento se sitúa en máximos históricos. Actualmente, son necesarios dos años más de salario
familiar para poder adquirir una vivienda y la entrada típica ha aumentado un 75% en los últimos cinco años.

Gestha considera que Hacienda ha impulsado en exceso las ayudas a la adquisición de vivienda en lugar de tratar, por un lado, de equilibrar los incentivos fiscales entre el alquiler y la compra y, por otro, de dotar de "plena seguridad jurídica" a la relación entre los propietarios e inquilinos con el fin de favorecer la ocupación de los pisos vacíos y estimular el mercado de alquiler.

En la actualidad, el 85% de los inmuebles del mercado español se encuentran bajo el régimen de propiedad, mientras que en el extranjero se reparte a partes iguales entre propietarios e inquilinos. Además, casi cinco millones de personas se acogen anualmente a la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena, de los cuales cerca de un 82% dispone de una renta inferior a 30.000 euros al año.

Por el contrario, la cifra de viviendas vacías ha aumentado en España hasta casi los tres millones, lo que supone un 13,9% del total de las viviendas principales y secundarias. Gestha considera que la aplicación de una reducción fiscal del 50% para los arrendamientos de vivienda no ha servido para que una parte sustancial de los cerca de tres millones de viviendas vacías salgan al mercado de alquiler.

A pesar de estos indicadores, los Técnicos de Hacienda entienden que cualquier "control fiscal o legal" tendente a obtener un efecto beneficioso en la reducción de los precios de la vivienda, debe ser tratado con la máxima prudencia y consenso con los operadores, porque puede causar también efectos negativos desde el punto de vista económico, como frenar el motor de la bonanza de la economía española. Según Gestha, una caída en el precio de la vivienda de un 10% implicaría un descenso de ocho décimas en el ritmo de crecimiento del PIB, por lo que es aconsejable un aterrizaje del sector de la construcción suave y no traumático.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda señalan que la caída del 3% de los precios de la vivienda en Estados Unidos ha provocado la reciente inquietud de los mercados financieros internacionales ante el aumento de la morosidad en las hipotecas y el riesgo de contagio a otros sectores, alertados por el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan.

Iniciativas legislativas para mejorar la calidad de vida

Ante esta situación, Gestha emplaza a la Administración a desarrollar una "batería de iniciativas legislativas" que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por considerar que la vivienda en propiedad debe ser un bien de carácter preferente y no sólo una manifestación de la capacidad económica del contribuyente sometida a múltiples gravámenes.

En primer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre las viviendas desocupadas en los Ayuntamientos que así lo acuerden, definiendo de forma objetiva el concepto de vivienda desocupada sujeta a recargo.

Asimismo, Gestha aboga por limitar los plazos de devolución de los préstamos hipotecarios -cada vez más amplios- no más allá del final de la vida laboral de las personas, ya que se incrementa desorbitadamente la carga financiera de las familias y se eleva de manera ostensible el riesgo de devolución, debilitando la seguridad del sistema financiero en su conjunto. El importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda pasó de 140.275 euros a final de 2006 a 144.000 euros en el primer trimestre de 2007. El plazo medio aumentó de 26 a 27 años.

Además, el colectivo de Técnicos plantea la necesidad de implementar políticas activas para el acceso a la vivienda habitual, no necesariamente en propiedad, sólo para aquellas personas que no posean (antes o después) otros inmuebles.

También aboga por reanudar el debate social sobre la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, que traslada este beneficio fiscal principalmente a los promotores y constructores de viviendas en forma de mayor precio de las mismas, respetando la situación de quienes ya compraron.

Asimismo, propone tomar en consideración la idea de promover un parque de viviendas públicas a desarrollar en terrenos públicos de manera que actúe como elemento regulador de la demanda y de los precios, tal y como existe en algunos países de nuestro entorno como Suiza o Francia.

Seis medidas para frenar las operaciones especulativas

Por otro lado, Gestha sugiere un paquete de medidas con el fin de frenar las operaciones especulativas en el sector inmobiliario. Entre ellas destaca, considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible general al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo mínimo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.

Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en este registro, de tal manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria a ese momento anterior a la escritura, pudiendo detectar así los "pases".

Según este colectivo, esta medida permitirá la obtención de información a efectos del control tributario y facilitará también el control de la legalidad de los contratos por la autoridad administrativa y la lucha contra cláusulas abusivas o la falta de cumplimiento de las garantías establecidas por la legislación respectiva. Además, esta medida redundaría también en beneficio del consumidor, desde el punto de vista de la seguridad jurídica de estos contratos privados, ya que la compraventa no se perfecciona hasta el otorgamiento de escritura pública.

Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial, al tener la mayor parte de las competencias en esta materia.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para la persona que transmite una vivienda no terminada (y por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.

En cuanto al fraude que puede derivarse si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos estará elaborado en 2008, y se está formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.

Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias, que tanto han proliferado al calor del crecimiento de la actividad inmobiliaria, deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.

Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como "inversión del sujeto pasivo", es decir, que sea el comprador quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA.

Finalmente, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los Técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.

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