Y ello a pesar de que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo que preside el otrora bien considerado doctor Bernat Soria se haya intentado una y otra vez tranquilizar a la población asegurando que la vacuna es segura. Lo que se ha alegado afirmando que no está «demostrada» la relación de la vacuna con el estado de las niñas -a pesar de que todas las reacciones tuvieron lugar muy poco después de ponérselas- en una defensa numantina de la misma que sólo cabe calificar de nauseabunda y define el nulo nivel ético de quien tamaña sandez intenta sin pudor que transmitan los medios de comunicación acríticos y dóciles acostumbrados a recoger sin rechistar las consignas y verdades oficiales que deben transmitir a diario desde las esferas del poder si quieren seguir recibiendo las ayudas estatales en forma de publicidad institucional gracias a las cuales muchos sobreviven. Nosotros ya advertimos claramente lo que podría suceder en el nº 99 dedicando a ello la portada y el Editorial con un rotundo e idéntico titular –¡No vacune a su hija!– y un extenso y documentado reportaje que explicaba nuestra postura. Posteriormente hicimos numerosas denuncias a nivel institucional que fueron ignoradas. Pues bien, a mediados de febrero se supo que más de la mitad de los catedráticos de Salud Pública de las universidades españolas han firmado un manifiesto [[- Razones para una Moratoria en la aplicación de la Vacuna del Virus del Papiloma Humano en España

El CAPS, asociación científica socio-sanitaria, independiente y sin ánimo de lucro, aloja en su web este documento, que firman profesionales y ciudadanía independiente, a título personal.

Recientemente el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado luz verde a la inclusión en el calendario vacunal en España, con cargo al sistema sanitario público, de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Esta decisión se ha tomado a pesar del alto precio de las dosis y de las dudas más que razonables sobre su eventual capacidad y eficiencia para prevenir un número sanitariamente relevante de muertes por cáncer de cérvix en mujeres españolas, comparado con las actuales prácticas preventivas.

Si la vacuna se aplicara a partir del año que viene supondría, sólo en costos de compra del producto (464,58 por persona), sin tener en cuenta el aparato logístico que deberá desarrollarse ex novo para alcanzar una cobertura significativa en cada cohorte de niñas, del orden de unos 125 millones de euros anuales. Para cuando se empiecen a prevenir los primeros casos de cáncer de cuello uterino, dentro de al menos 30 años, el SNS se habrá gastado unos 4.000 millones de euros. Prevenir una sola muerte por cáncer de cérvix, entonces, habrá costado al SNS 8 millones de euros, sin ahorrar un solo euro en el dispositivo actual de detección precoz por citología y tratamiento, pues se recomienda seguir desarrollando estas prácticas aún en poblaciones vacunadas. Lo abultado de las cifras arroja serias dudas sobre el costo oportunidad de la medida, con esta cuantiosa inversión. ¿Cuántas otras iniciativas en prevención o atención sanitaria, se podrían hacer y no se harán? ¿Qué se dejará de hacer de lo que ya se hace, para nivelar los presupuestos?

Los altísimos costos de la vacunación, atacan a la sostenibilidad financiera no sólo del calendario vacunal español, sino de todo el sistema de servicios de salud pública. Sin embargo, el coste no es el único problema grave: la vacuna del VPH ha sido promocionada ante la opinión pública, los sanitarios y los decisores políticos como una vacuna eficaz en la prevención del cáncer de cuello uterino y el sufrimiento que acarrea en las mujeres, cuando esto no es cierto. Sencillamente, esta evidencia científica aún no existe. Los ensayos sobre la vacuna no han podido ver su efecto en la prevención del cáncer, ya que éste tarda mucho en desarrollarse; además, hay posibilidades reales, comprobadas, de cortar el proceso antes de que el cáncer se desarrolle, tanto mediante la inmunidad natural como con el cribado de lesiones precancerosas y su tratamiento. El ensayo que más tiempo de seguimiento ha tenido hasta ahora ha sido de 6 años (y es un ensayo de fase II) y el ensayo en fase III con mayor seguimiento hasta ahora tiene tan sólo 3 años. Dado que el cáncer que se pretende prevenir tarda 30, 50 o más años en desarrollarse, la brevedad de los ensayos es obvia. Por tanto, hará falta aún bastante tiempo para ver si las personas vacunadas en los ensayos clínicos desarrollan o no menos cánceres que las no vacunadas. En países como España, con una incidencia del problema tan baja, esperar debería ser la conducta lógica.

Ciertamente, con la información disponible es razonable esperar que la vacuna acabe demostrando dentro de años que previene algunos cánceres de cuello uterino. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes otros factores: la historia natural de la enfermedad (de evolución lenta), la efectividad de los programas de cribado (alta si el sistema cumple con sus obligaciones), que la vacuna no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos, y que España es un país con baja incidencia de cáncer de cérvix. Por todo ello, es probable que en nuestro país el número de cánceres prevenidos no será muy grande. También se han planteado objeciones razonables relacionadas con la duración de inmunogenicidad –aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo o no–, y sobre el comportamiento de los serotipos no incluidos en la vacuna, que quizás ocupen el nicho ecológico de los ahora incluidos. Hay ejemplos recientes de las consecuencias del uso de la vacuna neumocócica sobre la aparición de serotipos no cubiertos con la vacuna que son multiresistentes a los antibióticos y que causan enfermedad neumocócica invasiva.

Ante esta situación de utilidad aún no demostrada, altos costes para el SNS y prevalencia baja, la decisión más racional sería, y es, esperar a que se acumule más evidencia científica.

¿Cómo podemos explicarnos que el SNS no tome la decisión más racional posible cuando se trata de defender el bien público? Obviamente, la industria farmacéutica y especialmente las compañías promotoras llevan años desarrollando estrategias de cooptación y creación de un clima de opinión favorable, exagerando riesgos con el fin de convencernos, primero, de que existía un problema, y de que luego ellos, precisamente, tenían la solución. Las estrategias de disease mongering –invención o exageración de enfermedades para introducir luego un producto farmacéutico– han sido criticadas duramente y con toda razón desde la deontología publicitaria por el abuso de la buena fe y de la aspiración a no sufrir enfermedades que naturalmente tienen la población y los políticos, a menudo legos en cuestiones sanitarias. El caso que nos ocupa supone la consideración novedosa, muy grave, de que toda infección por VPH es una enfermedad a prevenir, lo que es falso; y además con el énfasis, sin duda interesado, en la –no demostrada– prevención del cáncer de cuello uterino en España.

La industria farmacéutica tiene legítimos intereses financieros, pero no todos ni siempre están en sintonía con las necesidades de salud de la población. El escándalo reciente de la terapia hormonal sustitutoria, y la evidencia de que la industria escondió a la opinión pública durante 30 años graves efectos secundarios del tratamiento de una “enfermedad” previamente inventada, no coloca a este sector en una situación de gran credibilidad pública como garante de nuestra salud.

Por todo lo anterior, los firmantes de este texto pedimos al Ministerio de Sanidad y Consumo y a las Consejerías de salud de las CCAA una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH. Nadie ha justificado que haya prisa para la aplicación de este nuevo programa; por ello, solicitamos abrir un periodo de reflexión, de seguimiento de los efectos de la vacuna en poblaciones reales y de realización de estudios para conocer el coste-efectividad a medida que haya nuevos datos. Todo ello permitirá solventar las dudas razonables que existen sobre la idoneidad de este programa de vacunación para España.

– Para firmar la Declaración.]] en el que piden una moratoria de la vacuna. Un manifiesto que promovió en su momento el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), asociación científica sin ánimo de lucro que aglutina a numerosos expertos en salud y que en el momento de cerrar este número habían firmado ya más de 8.200 personas, entre ellas quien suscribe este editorial no como director de la revista sino como presidente de la World Association for Cancer Research (WACR). Documento que aporta datos significativos que completan el esclarecedor artículo que publicamos en este mismo número sobre cómo se gestó el negocio de esta vacuna y que invito al lector a leer con detenimiento. De hecho el citado manifiesto explica que como el precio de la vacuna -tres dosis- cuesta casi 500 euros por persona ello le supone al estado un coste de ¡125 millones de euros! ¡Cada año! Porque la idea es que la vacuna se ponga todos los años. Con fondos públicos a pesar de ser «voluntaria». Razón más que suficiente para que la Fiscalía Anticorrupción actuara de una vez de oficio y nos explicara quiénes -además de los dueños de los laboratorios farmacéuticos, por supuesto- se están llenando los bolsillos con este vergonzoso negocio. Porque es intolerable que se esté jugando con la salud y la vida de nuestras hijas. Y es especialmente intolerable porque quienes lo han decidido -los miembros del Consejo Interterritorial de Salud y del Ministerio de Sanidad y Consumo- lo han hecho en una clara decisión política que intenta hacerse pasar por sanitaria. Volvemos a reiterarlo: La afirmación de que la vacuna previene el cáncer de cuello de útero es gratuita. Jamás ha sido demostrada. Como no está demostrada su inocuidad. Por tanto, lo reiteramos: ¡No vacune a su hija!.

(19 de marzo de 2009)