Greenpeace analiza en el citado informe la respuesta judicial a la, en una gran proporción, premeditada e impune quema y destrucción del patrimonio forestal, y aporta una serie de reflexiones sobre el papel que el Código Penal y las fiscalías de Medio Ambiente pueden desempeñar en la disuasión y prevención de los incendios forestales.

La organización ecologista defiende que la vía penal no debe ser la única ni la principal herramienta para prevenir los incendios forestales pero, para combatir la impunidad de este delito, considera fundamental impulsar lo mucho que queda por hacer en su investigación y persecución.

Greenpeace exculpa en gran medida a las fiscalías de Medio Ambiente creadas en los últimos años y, así, entiende que realizan un importante esfuerzo para aplicar el Código Penal en la prevención de incendios, mediante una mayor y mejor investigación de las causas y motivaciones, y con profesionales dedicados a la obtención de buenos elementos probatorios, cuyo resultado es un incremento notable del número de sentencias y condenas, que crece de manera constante en los últimos años, y una reducción del tiempo medio transcurrido entre el incendio forestal y el juicio.

Pero también constata que se desconoce el número exacto de sentencias dictadas por delito de incendio forestal desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 1995, en la que se incluyen varios tipos penales referidos a incendios forestales: «La primera vez que la Fiscalía General del Estado ha ofrecido datos al respecto ha sido en su última Memoria de 2007, donde se informa que el pasado año se dictaron 82 sentencias condenatorias y 19 absolutorias por delito de incendio forestal».

Constatado lo cual, Greenpeace ha rastreado, en diversas fuentes, las sentencias dictadas en las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y algunos Juzgados de lo Penal, para llegar a identificar 257 sentencias por este delito.

De su análisis, que Greenpeace desglosa por comunidades autónomas, resulta que Galicia, donde todos los años se producen más de la mitad de los incendios forestales, encabeza el número de sentencias por delito de incendio forestal y también el de sentencias condenatorias, seguida de Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Y las que tienen menor número de sentencias por este delito son, por este orden, las de Navarra, La Rioja, País Vasco y Madrid.

Requerimientos de Greenpece

«Pese a que la respuesta de la justicia está siendo acorde con la demanda social de castigar a los incendiarios», opina Greenpeace, «también se observa que todavía queda mucho por hacer», por lo que demanda:

1) Seguir apelando a la permanente colaboración ciudadana para identificar y poder enjuiciar a los incendiarios.

2) Dotar a los fiscales de medios suficientes, con peritos especializados, para realizar las investigaciones pertinentes y evitar que los casos acaben siendo sobreseídos por falta de pruebas y los culpables quedan en libertad.

3) Reforzar el papel de las fiscalías de Medio Ambiente en la función preventiva en coordinación con las autoridades administrativas.

4) Realizar un seguimiento de los procedimientos abiertos y crear un registro sobre la respuesta penal, en años de cárcel impuestos, por incendios de bosques y montes.

Miguel Ángel Soto concluye: «No debemos acostumbrarnos o considerar normal que se desconozca el origen del 40% de los incendios que se producen, o que sólo se juzgue a uno de cada 1.000 incendiarios. En especial, el castigo a los responsables de los grandes incendios forestales debe ser ejemplarizante para evitar que éstos se produzcan».

(artículo publicado en un diario digital español, 12 de agosto de 2008)